La persistencia y emergencia de tomas de tierra en la provincia de Córdoba, expresión de procesos de expansión y fragmentación urbana, y de la propia forma de las políticas urbanas que naturalizan y priorizan la renta especulativa del suelo, son un indicador más de lo inaccesible que es la tierra y la vivienda para amplios sectores de población.
Según el último relevamiento oficial (Censo Nacional de Poblaciones, Hogares y Viviendas, 2010), existe un déficit habitacional que afecta al 48,4% de hogares, generado por problemas de hacinamiento crítico (32.982), necesidad de mejoras sustanciales o viviendas nuevas (100.412), o porque no cuentan con títulos formales de propiedad de la tierra o vivienda que habitan (360.205). Esto implica que a la fecha aproximadamente sean 500.000 los hogares que se encuentren con alguna dificultad habitacional. El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) recientemente realizado, indica que sólo en el Gran Córdoba existen 133 asentamientos en donde más de la mitad de la población no cuenta con título de propiedad del suelo, ni acceso a dos o más servicios básicos como agua, energía eléctrica o red cloacal, afectando las condiciones de vida de 16.884 familias. La demanda habitacional se concentra en los sectores bajos y medios bajos, mientras que las políticas de vivienda y crediticias más importantes están destinadas para sectores medios y medios altos que solo representan el 20,7% del problema. Estos datos se ven además agravados por la estigmatización socio-espacial y la criminalización de la pobreza.
La precariedad habitacional no es nueva, avances en la identificación de este problema en la agenda internacional podemos encontrarlo en la primera Conferencia de Asentamientos Humanos en Vancouver (1976), a la cual adhirió el Gobierno Argentino, este fenómeno ya era un tema prioritario, a pesar de las muchas iniciativas de políticas nacionales, provinciales y locales. En los últimos acuerdos internacionales como la Nueva Agenda Urbana (Habitat III-ONU, 2016) y la Declaración de Kuala Lumpur (Foro Urbano Mundial, 2018) el Estado Nacional asumió compromisos para superar la pobreza y las desigualdades urbanas a través de políticas públicas que garanticen el derecho al hábitat digno. En este sentido, consideramos que las acciones del gobierno provincial deben generar soluciones integrales al problema habitacional.
En los últimos meses, se desarrollaron un serie de conflictos en torno a la judicialización de los procesos de toma de tierra, con órdenes de desalojo en diferentes puntos de la provincia (Amanecer Joven, Canal de las Cascadas, Parque Esperanza en Juárez Celman, Comechingones en Cuesta Blanca, Villa La Maternidad, Nuestro Hogar III, entre otros), lo cual representa una alerta sobre la grave situación por la que atraviesan cientos de familias y que ponen en discusión la falta de políticas públicas adecuadas para el acceso a la tierra y la vivienda de los sectores con menos recursos. Fue interesante conocer a finales del año pasado, a través del RENABAP, el reconocimiento de los asentamientos como “barrios populares en proceso de integración urbana”, sin embargo esto no se condice con las medidas de fuerza desplegadas para desalojar a la población.
Como investigadores/as especializados/as en el tema de Vivienda y Hábitat consideramos que es preciso generar una mesa de diálogo, para que se propicie de manera consensuada con los diversos actores sociales involucrados las soluciones más adecuadas. Hay múltiples experiencias evaluadas a nivel internacional y nacional, sería bueno conocerlas y ver qué de ellas puede aplicarse a Córdoba tales como las que incluyen mecanismos de control a la retención del suelo y de inmuebles desocupados, regulación de precios de la tierra y de alquileres, la generación de suelo destinado a producción de vivienda social, localización de ésta en la trama urbana, la garantía de una tenencia segura, el acceso a infraestructura, servicios y equipamientos, y todas aquellas acciones tendientes a alcanzar un hábitat digno junto con propuestas innovadoras que generen usos socialmente más justos del espacio urbano.
Ana Falú – Directora INVIHAB-CEUR
Colaboran en esta nota:
Virginia Monayar – Investigadora – INVIHAB-CEUR
Ana Laura Elorza – Investigadora Conicet – INVIHAB-CEUR
Mónica Alvarado Rodríguez – Becaria Conicet – INVIHAB-CEUR
Fernando Vanoli – Becario Conicet – INVIHAB-CEUR
Mariel Arias – Becaria Conicet – IINVIHAB-CEUR
Juan Santiago Palero – Becario Conicet – IINVIHAB-CEUR
Sebastián Cortez Oviedo – Becario Conicet – INVIHAB-CEUR
Claudia Ines von Lücken – Becaria Conicet – INVIHAB-CEUR
Clara Sanchez Gavier – Becaria Secyt – INVIHAB
Renzo Cáseres – Becario Conicet – INVIHAB-CEUR
Alejandro Brunelli – Becario – INVIHAB
Fernanda Etchepareborda – CAP Conicet – INVIHAB-CEUR